El gobierno japonés dijo el martes que está considerando exigir no sólo el historial laboral y de viajes, sino también los registros de salud mental y la nacionalidad de los miembros de la familia para determinar el acceso a información crítica bajo un sistema de «autorización de seguridad».
Al buscar acceso a información designada por el gobierno como clasificada, es posible que las personas, ya sea del sector público o privado, también deban informar sus hábitos de bebida, según un borrador de propuesta.
Otra información requerida incluye datos personales básicos, como fecha de nacimiento y dirección.
En mayo, el parlamento promulgó una legislación para el sistema diseñada para ampliar el alcance de la información restringida para incluir la seguridad económica, aunque persiste la preocupación de que las verificaciones de antecedentes puedan equivaler a una invasión injustificada de la privacidad. Por primera vez se detallaron los controles que serán necesarios.
La ley no especifica qué se puede clasificar, pero se espera que se incluya información relacionada con tecnologías e infraestructura de vanguardia.
La información designada se clasificará por un mínimo de cinco años, con opción de extenderse a 30 años. La ley castigaría a quienes se demuestre que han filtrado información confidencial, con una pena máxima de cinco años de prisión o una multa de hasta 5 millones de yenes (32.000 dólares), o ambas.
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