La Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO) de Corea del Sur confirmó el lunes que había solicitado y obtenido una prohibición de viajar al presidente Yoon Suk Yeol, tras su controvertida declaración de ley marcial la semana pasada.
El jefe del CIO, Oh Dong-Woon, anunció durante una audiencia parlamentaria que había ordenado a los investigadores que presentaran la solicitud, que el Ministerio de Justicia aprobó poco después. La prohibición de viajar, impuesta a las 3 de la tarde del lunes, marca el inicio de una investigación multifacética que involucra a la policía, la fiscalía y el CIO sobre la repentina declaración de la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre.
La orden de ley marcial, declarada en un discurso televisado el martes pasado, fue revocada por la Asamblea Nacional, pero las consecuencias continúan. Según los medios locales, un gran número de soldados fue desplegado en el edificio de la Asamblea durante el breve período, lo que generó alarma entre los legisladores y el público.
La policía ya emitió una orden de arresto contra el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien supuestamente propuso el plan de ley marcial, junto con varios otros altos funcionarios de la administración de Yoon. También se han impuesto prohibiciones de viaje de emergencia a figuras clave, incluidos los ex Ministros de Defensa e Interior y el Jefe de Estado Mayor del Ejército.
A pesar de sobrevivir a una moción de juicio político el sábado debido a un boicot de su gobernante Partido del Poder Popular, el presidente Yoon se ha enfrentado a una creciente indignación pública, con protestas masivas que exigen su renuncia. El opositor Partido Demócrata planea presentar otra votación de juicio político esta semana, acusando a Yoon de violar la Constitución al imponer la ley marcial en condiciones que no son de emergencia.
El primer ministro Han Duck-soo supervisará la situación, y el partido gobernante marginará a Yoon de los asuntos internos y externos. Sin embargo, los críticos de la oposición han calificado esta medida de inconstitucional, argumentando que no existe base legal para que el líder de un partido político tome el control del gobierno.
En una disculpa televisada el sábado, Yoon expresó su pesar, suplicó no volver a imponer la ley marcial y prometió centrarse en estabilizar la situación política durante el resto de su mandato.
Las investigaciones han provocado agitación política en Corea del Sur, con pedidos cada vez más fuertes para que Yoon renuncie en medio de preocupaciones sobre el estado de derecho y la estabilidad democrática en la nación.